El país atraviesa por una de las crisis de inseguridad más agudas debido al crimen organizado y la “guerra” emprendida en contra de los cárteles de la droga, pero la mayoría de las agresiones contra periodistas reportadas durante 2014, provienen del poder y no de los criminales.
El diagnóstico revela que del total de ataques, 156 provienen de funcionarios públicos, en 86 casos se desconoce al agresor; 56 fueron por parte de particulares; 11 por una organización sindical; 8 por el crimen organizado y el resto por fuerzas partidistas, medios de comunicación y organizaciones sociales. Aunque en México existen leyes, programas, una fiscalía lo que lo convierte en uno de los sistemas más robustos de protección de todo el mundo, las agresiones a la prensa continúa en aumento.
“La pregunta obvia es ¿por qué? La respuesta obvia sigue siendo la misma: la total impunidad de quienes actúan contra la prensa”, afirma Darío Ramírez, director de Artículo 19, oficina para México y Centroamérica. Esto se explica con datos duros, pues a cinco años de haber sido creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) —antes Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP)—, “el Estado mexicano aún está en deuda respecto de su obligación de prevenir y proteger a quienes llevan a cabo actividades periodísticas”, dice Artículo 19.